Pues exigieron al Gobierno Federal una prueba de que sus hijos están muertos, pues en un pronunciamiento que leyeron bajo la lluvia en el hemiciclo a Juárez diciendo que «si nos dan prueba objetiva, científica e indubitable, nos iremos a casa a llorarles y vivir nuestro duelo. A la fecha, estas pruebas no las tenemos, por lo tanto, nuestra exigencia y luchas siguen».
Durante la marcha pacífica realizada por los familiares hicieron varias paradas por las fuertes lluvias, pero al llegar al hemiciclo respondieron al informe otorgado por el gobierno, alegando sus inconformidades con este mismo, pues en este explican que no existe evidencia de vida de ninguno de los 43 estudiantes.
En la carta leída por una de las madres de familia expresaron que «Existe prueba técnica preliminar que debe ser estudiada y analizada. Las madres y padres necesitamos prueba científica indubitable del destino de nuestros hijos. No podemos irnos a casa con indicios preliminares que no aclaran a cabalidad dónde están y qué pasó con ellos».
De igual manera los familiares celebraron la detención de Murillo Karam el cual en 2015, como titular de la entonces PGR, declaró el caso cerrado debido a la conclusión de entonces de que los estudiantes habían sido asesinados al ser confundidos con enemigos del grupo delictivo Guerreros Unidos y sus cuerpos incinerados en el basurero de Cocula y luego dispersados en el río San Juan, Además de estar acusado de haber ordenado la alteración de las pruebas.