Con lo anterior dejaría de comercializar 200 mil unidades, lo que equivale al 20 por ciento de la venta anual que realizan estas empresas en la República.
Lamentaron esta decisión los representante de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, y de la Industria Nacional de Autopartes, en una conferencia de prensa virtual que convocaron.
El jefe del Ejecutivo rompió el compromiso que asumieron para regularizar únicamente a los vehículos ilegales que circulaban en territorio nacional, y ahora abrirán la frontera para que entren más unidades, además de que les facilitarán los trámites, a través de la eliminación de algunos requisitos que antes eran obligatorios.
Según el presidente de la AMDA, Guillermo Rosales, esta decisión provocará que el gobierno deje de recaudar recursos de la venta de vehículos nuevos; lo que el erario recibe en promedio por cada comercialización llega casi a los 40 mil pesos.