Vía comunicado, la Presidencia dio a conocer que su Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) “solicitó formalmente a la ministra presidenta (Norma Piña) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, en orden de prelación y por seguridad jurídica” que resuelvan primero la constitucionalidad sobre la Ley de Comunicación Social de 2018 antes que avanzar a debatir la reforma del 2022 que forma parte del Plan B.
Explica Gobierno que la Ley General de Comunicación Social (LGCS) fue aprobada antes de las elecciones del 2018 por el Congreso de la Unión, en ese momento por la mayoría conformada entre PAN y PRI.
Sin embargo la minoría en el Senado, la CNDH y Movimiento Ciudadano (MC) cuestionaron el procedimiento legislativo pero la Corte no concedió la suspensión, “contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2023” contra el Plan B que está suspendido.
“Hasta la fecha, la SCJN no ha dictado sentencia definitiva a pesar de que han transcurrido prácticamente cinco años desde su impugnación en 2018”, describe Presidencia.
La Consejería explica que tiene como fin evitar sentencias contradictorias, “por lo que hace un respetuoso llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión”.
El pronunciamiento llega después de que trascendió que existe un borrador de los ministros de la Corte, en el sentido de declarar inconstitucional el paquete de reformas a leyes electorales del ‘Plan B’ que reduce la estructura del INE pero además afecta otras esferas en materia electoral.